- No habrá mercado mayorista y sí altos impuestos.
- El Estado solo suministrará café, tabaco y ron.
- Los trabajadores asumirán todos los gastos.
El anuncio del próximo arrendamiento de los locales de la gastronomía estatal a sus trabajadores es una medida que desde hace meses se avizoraba. Forma parte de la estrategia de Raúl Castro de aligerar el aún exorbitante sector estatal de la economía.
Como ha sido informado, el arrendamiento tendrá lugar en aquellas unidades que tengan hasta cinco empleados, y en un primer momento, a partir del venidero mes de diciembre, será efectivo en las provincias de Artemisa, Villa Clara y Ciego de Ávila, para extenderse posteriormente al resto del país.
Los actuales empleados de esas unidades pasarán a la categoría de "trabajadores por cuenta propia", bien como propietarios de pequeños restaurantes (paladares) o cafeterías, o en la modalidad de trabajadores contratados. Como cualquier otro cuentapropista, deberán afrontar un régimen impositivo nada indulgente: la cuota mensual del impuesto sobre los ingresos personales, el 10% sobre las ventas declaradas, el aporte a la Seguridad Social, y el impuesto por el uso de la fuerza de trabajo. Aquellos empleados que no deseen pasar al trabajo por cuenta propia serán declarados disponibles, es decir, despedidos.
Tal y como sucedió con el arrendamiento de las barberías y peluquerías, los inmuebles y equipos de trabajo no les serán vendidos a los trabajadores, sino que permanecerán como patrimonio de las unidades. Solo que en caso de requerir algún tipo de mantenimiento o reparación, estos correrán a cuenta de los trabajadores. De igual forma, el colectivo laboral —devenido ya en cuentapropistas— asumirá los gastos de electricidad, agua, teléfono, y otros que surjan en el desempeño de su labor.
A primera vista —y a pesar del desembolso que conlleva todo lo anterior—, el arrendamiento debe resultar atractivo tanto para quienes presten servicio gastronómicos como para los consumidores. Los primeros podrán ver acrecentados sus ingresos, al menos en teoría, mientras se encontrarán motivados para desplegar toda su energía creadora. Los consumidores, por su parte, accederán presumiblemente a productos y servicios de mayor calidad.
Tampoco debemos ignorar que el proceso de desestatización de las pequeñas y medianas empresas es un anhelo de la mayoría de la sociedad, principalmente en las vertientes de la cooperativización o el arriendo, aunque no faltan los más audaces que apuestan por las privatizaciones. Ello es así debido a que el Estado se ha mostrado incapaz de administrar con eficiencia estas entidades, cuyos trabajadores nunca han adquirido un auténtico sentido de pertenencia, a pesar del empleo de disímiles sistemas de vinculación del salario con los resultados, así como otras formas de estimulación.
Sin mercado mayorista
Sin embargo —y según la información dada a conocer por la viceministra de Comercio Interior, Ada Chávez Oquendo— subsiste un elemento que provoca la inquietud de no pocos: excepto el ron, el tabaco y los cigarros, los cuales les seguirán siendo suministrados por las empresas de comercio estatales, el resto de los insumos que necesiten estas unidades arrendadas deberán ser adquiridos en la red minorista.
O sea, que las 1.183 unidades gastronómicas de todo el país que experimentarán la referida transformación, empezarán a pugnar con la población para ver quiénes adquieren los bienes de consumo en los frecuentemente desabastecidos establecimientos del comercio minorista.
En los últimos tiempos, por ejemplo, han proliferado las quejas de la población por las compras excesivas que efectúan los propietarios de cafeterías y paladares en unidades que expenden productos liberados como los cárnicos, el pan o el arroz. Son compras que, lógicamente, limitan las posibilidades de adquisición del ciudadano común. Nuevamente la falta de un mercado mayorista sale a la palestra como un valladar que se interpone ante el avance exitoso del trabajo por cuenta propia.
En cuanto al tratamiento tributario que se les aplicará a estos flamantes trabajadores por cuenta propia, se prevé que sean exonerados del pago de impuestos durante los tres primeros meses, contados a partir de su inscripción en el Registro de Contribuyentes.
No obstante, puede que semejante medida no sea suficiente para evitar que los nuevos cuentapropistas se sientan agobiados por la carga fiscal, y en consecuencia eleven los precios de sus productos y servicios, con la afectación final para los consumidores. Quizás deberían imponerse, al menos durante el primer año de gestión, unos impuestos inferiores a los que tributan sus homólogos (cafeterías y paladares) que les antecedieron en el trabajo por cuenta propia.
Visto lo anterior, no sería aventurado expresar que el arriendo de los locales de la gastronomía estatal —aun clasificando dentro de una estrategia correcta— constituye, dadas las limitaciones y características actuales de nuestra economía, un paso precipitado. Y la precipitación, a no dudarlo, conduce a menudo a resultados contraproducentes.